Desde que el Gobierno de España promoviera la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. y se aprobara en las Cortes Generales, la llamada Ley de Vivienda está dando mucho que hablar desde los distintos agentes que intervienen en el mercado inmobiliario.
El pasado lunes, en la reunión mensual de la Asociación Nacional de Asesores Inmobiliarios Mar Real Estate se supo en debate los efectos que esta Ley puede producir en el conjunto del sector inmobiliario. Según Daniel Sanz, arquitecto y socio de Mar Real Estate en Madrid, «se está poniendo el foco puntualmente en la problemática de los desahucios y en quién paga la comisión de la agencia en el alquiler», sin embargo, hay mucho contenido que afecta a todos y cada uno de los intervinientes o agentes del sector.
Según Sanz, «Se está aumentando el coste de la promoción inmobiliaria y quién va a pagar el pato son los clientes de la vivienda libre y en parte los de la vivienda con protección de promoción privada, por ejemplo cooperativas de vivienda». En este sentido -explican desde Mar Real Estate- que la Disposición final cuarta de la Ley, aumenta desde un 30% al 40% (un 33% más) las reservas de vivienda sujeta a un régimen de protección pública en los suelos de nuevos desarrollos en ampliaciones de la ciudad. Por otro lado, duplica -pasa del 10% al 20%- las mismas reservas de viviendas para renovaciones urbanas. «Han encarecido al doble la renovación de la ciudad y quien quiera una vivienda en el centro de las ciudades tendrá que pagar mucho más dinero por la misma vivienda: aumentará de nuevo los precios».
La Ley impide la descalificación de viviendas de VPP
A lo largo de la reunión en Madrid, se indicó que, «parte del Art. 16 de la Ley impide la descalificación de viviendas VPP que no tengan la calificación definitiva a día de la entrada en vigor de la misma. Y aunque pudiera entrar en contradicción con las competencias exclusivas autonómicas, el legislador viene a crear unos principios que quieren inspirar una regulación básica estatal del mismo modo que los porcentajes de viviendas protegidas en todo el Estado». Según indican, «será el Tribunal Constitucional quien -a instancias de alguna Comunidad Autónoma que recurra la Ley como inconstitucional- decida finalmente si el estado puede regular estos aspectos básicos, o no».
En cualquier caso, y hasta que se los tribunales fallen, «se creará una incertidumbre que no beneficia a nadie». «En toda la zona este y sureste de Madrid en desarrollo -como Valdecarros, Los Berrocales, Los Ahijones y Los Cerros- hay muchos compradores de VPP en suelos privados, pero calificados como VPPL o VPPB. Han adquirido con unas reglas del juego y hoy se las han cambiado. Pareciera que los partidos de gobierno quisieran hacer un parque público de viviendas a costa de las familias» sentencia Sanz.
